El tsunami de fuego
Europa se enfrenta a una crisis que no se mide solo en hectáreas quemadas. El cambio climático está alterando las condiciones en las que una ignición se convierte en un incendio de gran extensión, simultáneo con otros y fuera de la capacidad ordinaria de extinción. En 2025, la Unión Europea perdió 1.079.538 hectáreas por el fuego, la mayor superficie desde que hay registros. España, con 354.747 hectáreas forestales quemadas, fue el país más castigado. Pero el dato verdaderamente revelador es otro: el 0,77 % de los incendios —los grandes incendios forestales— concentraron el 87,42 % de la superficie afectada. El problema no es que haya más fuegos; es que los que hay son mucho más grandes y difíciles de controlar.
Portugal reprodujo el mismo patrón: 8.280 incendios, pero 271.000 hectáreas quemadas, con el 91 % del área en apenas 44 grandes incendios. Durante la ola de calor de agosto de 2025, 22 incendios muy grandes se desarrollaron casi simultáneamente en España y Portugal y quemaron 460.585 hectáreas, el 43 % de toda la superficie anual de la UE. La simultaneidad tensiona los operativos, reduce la posibilidad de trasladar medios entre regiones y multiplica las emergencias sobre poblaciones, infraestructuras y espacios protegidos.
El cambio climático no explica por sí solo las igniciones, que en su mayoría tienen origen humano. Pero sí altera decisivamente la humedad de la vegetación, la duración de los periodos cálidos y secos y la probabilidad de propagación extrema. La Agencia Europea de Medio Ambiente proyecta que, con un calentamiento global de 3 °C, la superficie quemada en los países mediterráneos podría duplicarse si no se refuerza la adaptación. El Tribunal de Cuentas Europeo, por su parte, advierte de que la prevención debe medirse por resultados y mantenimiento, no solo por hectáreas intervenidas.
¿Qué alternativa existe?
Frente a este escenario, las políticas autonómicas están avanzando hacia una gestión integral del territorio. Extremadura ha aprobado su primer Plan Forestal, con 198 medidas y 364 millones de euros, de los que 203 millones se destinan a prevención. Ha puesto en marcha el proyecto Mosaico La Vera, mantiene un procedimiento para autorizar pastoreo ovino preventivo en forestaciones y ha anunciado incentivos al pastoreo y la posible creación de rebaños municipales. Andalucía, con la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos (RAPCA), y la Comunidad de Madrid, con su programa de pastoreo controlado, demuestran que contratar el servicio ecosistémico a ganaderos locales es viable y eficaz.
Pero estas políticas, por muy necesarias que sean, tropiezan con un obstáculo estructural: la pérdida de población y de actividad en el medio rural. El abandono de cultivos y pastos, el descenso de aprovechamientos forestales y ganaderos y la falta de presencia humana aumentan la continuidad del combustible y reducen las oportunidades de extinción. La prevención, para ser efectiva, necesita gente que viva en el territorio, que lo conozca, que lo cuide y que esté dispuesta a contribuir a su mantenimiento.
Expertos como Marc Castellnou, Jaume Minguell y Núria Prat coinciden en un diagnóstico compartido: los incendios de sexta generación han llegado para quedarse, y las políticas de prevención deben cambiar de paradigma. No se trata de más mangueras o más helicópteros, sino de recuperar un territorio vivo, gestionado y en mosaico. Como sentencia Minguell: «Cuanto menos mosaico agroforestal tengamos, más grandes serán los incendios que sufriremos».
El Fondo de Guardianes del Territorio
El informe propone crear el Fondo de Guardianes del Territorio, un vehículo de inversión de impacto para comprar o adquirir derechos de larga duración sobre fincas con cortijos u otras edificaciones rurales abandonadas; rehabilitarlas; destinarlas prioritariamente a residencia estable; y financiar la gestión continuada de las tierras por ganaderos locales, ayuntamientos y residentes. Su misión combina cuatro resultados: residencia estable y repoblación; rehabilitación de patrimonio rural abandonado; reducción verificable de vulnerabilidad y continuidad de combustible; y actividad económica para ganaderos, selvicultores y empresas locales.
El modelo se inspira en los Community Land Trusts (CLT) , un esquema de gobernanza del suelo que separa la propiedad de la tierra de la propiedad de las edificaciones. El suelo es propiedad de un fideicomiso sin ánimo de lucro que lo retiene de forma permanente, mientras que las viviendas se ceden en derecho de superficie o se alquilan a los residentes. Fundación Repoblación asumiría el papel de entidad gestora del CLT, en colaboración con los ayuntamientos y las comunidades locales, adquiriendo y custodiando el suelo de las fincas y retirándolo del mercado especulativo.
El fondo se dirige a inversores de impacto que buscan combinar un retorno financiero moderado (3 %-5 % TIR) con un impacto social y medioambiental medible, en un horizonte de 15 años. El inversor obtiene además impacto verificable, visibilidad y diversificación.
El movimiento de repoblación aporta un activo hasta ahora infrautilizado: personas con capacidad económica y disposición a vivir en el medio rural y a actuar como guardianes del territorio. Según el registro de Fundación Repoblación, 60 personas (el 30 % de las consultas) prefieren vivir en el campo frente a vivir en un pueblo. Son profesionales independientes o parejas, con hijos y renta familiar superior a 60.000 euros. De ellas, 51 desean recuperar un cortijo; 53 aceptarían que sus tierras sirvan de pasto a rebaños municipales; 24 mantendrían animales con función ecosistémica; y 48 contribuirían económicamente al pastoreo.
Un piloto prudente
La recomendación es comenzar por una fase de preinversión y dos pilotos comarcales, no por una compra masiva. Los pilotos deben concentrarse en comarcas funcionales con alto riesgo de incendios, concentración de activos abandonados, ganaderos disponibles y apoyo municipal.
- Piloto 1: Comarcas de Bodión y Sierra Suroeste (Badajoz). Extremadura fue la comunidad más castigada por los incendios de 2025, con más de 50.000 hectáreas quemadas. La región cuenta con un elevado número de cortijos en desuso, apoyo institucional (Plan Forestal, incentivos al pastoreo) y disponibilidad de ganaderos.
- Piloto 2: Comarca del Ampurdán (Girona). El Alt Empordà es una de las comarcas con mayor peligro de incendio de Cataluña. En julio de 2026, nuevos incendios afectaron a la zona, quemando más de 2.200 hectáreas y obligando a confinar a más de 12.000 personas. La comarca cuenta con numerosas masías en desuso y un contexto institucional favorable, con el nacimiento de Custòdia, el primer Banco de Suelos Comunitarios de Catalunya.
Cada piloto contará con una inversión máxima de 2 millones de euros, entre 3 y 4 inmuebles rehabilitados y capacidad para 6 a 12 familias. El coste de rehabilitación por unidad no superará los 500.000 €.
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